En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Mercociudades alzó la voz durante el cierre de la Cumbre, asumiendo el desafío de fortalecer las políticas locales en prevención y asistencia hacia la mujeres y personas LGBTIQ víctimas de violencia de género. La declaración, que concluye con la frase “Ni una menos, vivas y unidas nos queremos”, aboga además, por la transversalización de la perspectiva de género y la paridad en espacios de participación y conducción.

El documento, elaborado por la Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades, con el apoyo de colectivos sociales de la ciudad anfitriona de la Cumbre (Santa Fe), fue leído por la intendenta de Rosario (Argentina), Mónica Fein, en compañía de alcaldesas y alcaldes de las “mercociudades”.

Esta fecha cobra una importancia relevante en este lado del continente, en el que movimientos y colectivos de toda la región se manifiestan ante el alto número de asesinatos a causa de violencia de género. “Las tasas más altas la tienen 25 países del mundo, 14 de ellos de la región. Guatemala, El Salvador y Honduras figuran con unos de los índices más altos del planeta, y en Argentina y México también se reportan cifras alarmantes.”

A continuación la declaración:

Declaración de Mercociudades en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Reunidas en la ciudad de Santa Fe, representantes de la Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades, como autoridades del segundo y tercer nivel de gobierno, reproduciendo aquí lo establecido en la Declaración de Montevideo, reafirmamos nuestro compromiso en la consolidación de políticas públicas orientadas a la construcción de ciudades más inclusivas, más seguras y respetuosas de la dignidad de las personas.

Centenares de mujeres son asesinadas en América Latina y el Caribe por una sola razón: su género. Los feminicidios han crecido en la región en los últimos años y lo más grave es que el 98 por ciento de los casos permanecen impunes. La alerta por la limitación en la aplicación de la justicia en estos casos la encendió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando publicó, en abril de este año el informe “Prevenir los Conflictos, Transformar la Justicia, Garantizar la Paz”. Las tasas más altas la tienen 25 países del mundo, 14 de ellos de la región. Guatemala, El Salvador y Honduras figuran con unos de los índices más altos del planeta, y en Argentina y México también se reportan cifras alarmantes.

Los tres niveles del Estado deben cumplir las obligaciones asumidas a nivel internacional en materia de derechos humanos; por ello y dado que las violencias contra las mujeres son una de las máximas vulneraciones en ese sentido el rol que desempeñan los gobiernos locales es clave en el diseño y ejecución de políticas públicas dirigidas a revertir los procesos estructurales de discriminación y violencia que sufren las mujeres, tanto en espacios públicos como privados.

El diálogo y la construcción colectiva entre los tres niveles de gobierno resulta fundamental para garantizar la implementación de acciones que orienten sus esfuerzos en la modificación de las relaciones de género que naturalizan prácticas de discriminación.

Cada nuevo hecho de violencia, cada nuevo feminicidio exige la responsabilidad activa del Estado para investigar y sancionar judicialmente los delitos cometidos e implementar acciones sostenidas en el tiempo, amparadas por los principios y estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

Asumir la lucha contra la violencia de género como un eje central es un paso ineludible para la consolidación de nuestras democracias.

Por ello manifestamos nuestro absoluto respaldo a los planteos realizados por distintas organizaciones congregadas en las movilizaciones recientes en distintas ciudades en la región, ante la urgencia de impulsar mecanismos más efectivos que permitan prevenir situaciones de riesgo que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida de diferentes formas.

Ante la persistencia de estas situaciones, hoy más que nunca resulta fundamental fortalecer las políticas de género e igualdad, estamos convencidas que más allá de las coyunturas y cambios políticos los estados no deben desmantelar las institucionalidades creadas a partir del impulso comprometido de movimientos y organizaciones sociales. Invitamos a los intendentes/as, alcaldes/as, y prefeitos/as a comprometerse con políticas que contribuyan a los objetivos expresados arriba, e incorporar en la declaración que emane hoy de la Asamblea de Mercociudades, durante su Cumbre, un párrafo específico sobre este tema, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Para que las políticas locales contra las violencias de género se vuelvan eficaces se presenta como una condición imprescindible una efectiva autonomía municipal, especialmente en sus aspectos financieros e institucionales ya que muchos de estos procesos de descentralización de competencia no han ido acompañados de la distribución necesaria de recursos, pero la falta de autonomía no puede significar en absoluto la ausencia de recursos suficientes para llevarlas adelante con la jerarquía que la importancia del tema detenta.

La discriminación contra las mujeres, basada en estereotipos de género, el estigma, las normas culturales nocivas y patriarcales y la violencia de género, tienen un impacto negativo en la capacidad de las mujeres para acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los hombres. Además, la discriminación se ve agravada por la intersección con otros factores de discriminación. Incluir etnia o raza, la condición de indígena o minoría, color, condición socioeconómica y/o casta, idioma, religión o convicciones, opinión política, origen nacional, civil y/o materna estado, edad, residencia urbana o rural, estado de salud, discapacidad, propiedad, o ser lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual. Estos factores de intersección hacen más difícil a las mujeres de estos grupos acceder a la justicia y a las políticas sociales. Por ello consideramos de suma importancia la adopción de una perspectiva intersectorial capaz de tener en cuenta las distintas experiencias de opresión de las mujeres donde el género sea una variable más junto con la raza, la clase, la sexualidad, la edad, entre otras.

Los gobiernos locales en la actualidad se encuentran frente a un nuevo paradigma de Gobernanza Local, donde la inmediatez y la transparencia con la ciudadanía se tornan ejes fundamentales de la gestión que implican nuevos desafíos para estos gobiernos.
Estas reformas se viven en un ambiente de mayor participación de la comunidad, especialmente de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual.

Consideramos que la Red de Mercociudades constituye una oportunidad para el fortalecimiento de las políticas locales en la prevención y asistencias de las mujeres y personas LGBTIQ víctimas de violencia de género. Pensamos además como acciones que deben propenderse al interior de la Red, la transversalización de la perspectiva de género, la paridad en los espacios de participación y conducción, la creación de un grupo de trabajo sobre diversidad sexual, y el desarrollo de observatorios dedicados al registro regional de casos de violencias hacia mujeres, considerando especialmente su identidad sexual e identidad de género y el monitoreo de políticas locales vinculadas a la agenda de género.

Nuestro desafío ahora es el desarrollo de políticas locales tendientes al efectivo cumplimiento y ejercicio de los derechos conquistados en los últimos años por los movimientos feministas y de diversidad sexual. Debemos asumir el compromiso de reducir la brecha entre la igualdad formal y la desigualdad real. Sin la participación de las mujeres no hay democracia, por eso hoy más que nunca decimos: NI UNA MENOS, VIVAS Y UNIDAS NOS QUEREMOS.

Santa Fe, 25 de Noviembre de 2016
Unidad Temática de Género y Municipio de Mercociudades

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