Coincidiendo con una de las líneas de trabajo propuestas por la Unidad Temática de Derechos Humanos y Migraciones, la ciudad coordinadora de este espacio, Córdoba (Argentina), inauguró la señalización del cementerio San Vicente, lugar en el que durante los primeros años de la dictadura cívico militar argentina se realizaron enterramientos clandestinos de personas detenidas-desaparecidas.
La señalización de los sitios de memoria fue planteado como uno de los ejes de trabajo de la Unidad Temática, que dentro de sus actividades prevé la realización de una capacitación destinada a avanzar regionalmente en la promoción de políticas públicas de memoria y señalización de espacios emblemáticos.
A partir de testimonios de trabajadores del cementerio y de investigaciones de la Comisión por la Desaparición de Personas (CONADEP) en los primeros años de la democracia se descubrió el accionar ilegal y se exhumaron restos. Sin embargo, fue recién en el 2002, a partir de la causa judicial por enterramientos clandestinos y el invaluable trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se lograron recuperar decenas de restos de desaparecidos, de los cuales hasta la fecha dieciséis pudieron ser identificados.
En la República Argentina, las señalizaciones forman parte de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que simbolizan el compromiso del Estado democrático para dar a conocer y condenar los crímenes de lesa humanidad, impulsar el juzgamiento de los responsables y reconocer a las víctimas, sobrevivientes y sus familiares.
Estos carteles marcan aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado. El marco normativo de referencia es la Ley nacional 26.691 del 2011.
En el año 2012, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) elevó un documento, posteriormente adoptado por la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (RAADDHH) con los Principios Fundamentales para las Políticas Públicas sobre Sitios de Memoria, una guía orientadora de las Políticas Públicas de los gobiernos del Mercosur en la materia.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a instancia de su Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dicta la Resolución 3/2019, la que determina los Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas.
Estos principios contienen recomendaciones que podrían servir de guía para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria, que considere los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las experiencias nacionales y locales, a partir de un abordaje integral, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad y que involucre a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y objeto de discriminación histórica afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos.
