El conflicto por la construcción de dos plantas de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos generó nuevas reacciones tanto en la Argentina como en Uruguay, luego que vecinos de Gualeguaychú, Argentina, anunciaran futuros cortes sorpresivos del tránsito en la frontera entre ambos países. Uruguay pidió intervención del gobierno argentino y éste respondió con un comunicado.
El canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, cuestionó esa modalidad de protesta y aseguró que sólo contribuye a «calentar el ambiente de mala manera», al tiempo que pidió la intervención de las autoridades argentinas en el tema.
En declaraciones a radio 10 de Argentina, el canciller consideró: «Sobre esto, el gobierno argentino va a tener que ver porque comparte con nosotros la Comisión
Administradora del Río Uruguay. Está en manos de la autoridad argentina. Uruguay no puede incidir directamente porque es territorio argentino y yo estoy en contra de inmiscuirme», destacó.
Gargano indicó que con estas protestas se está violando el Tratado del Mercosur que, según recordó, apunta a «crear una zona de libre circulación de personas, productos y servicios» entre los cuatro países del bloque. Se está «incumpliendo la regla básica de ese tratado», señaló.
Del lado argentino, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, negó que los cortes de ruta tengan una «connotación política».
Organizaciones ambientalistas argentinas se oponen a los emprendimientos porque sostienen que tendrán un impacto ecológico nocivo, aunque las autoridades uruguayas aseguran que están previstos estrictos controles para evitar los riesgos ambientales.
«Estamos todos unidos. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú no tiene connotación política; es la reacción de un pueblo con alto nivel de concientización e información, que esta viendo (a las plantas como) un hecho consumado», argumentó Busti.
En un comunicado, la Cancillería argentina renovó sus críticas a la instalación de dos plantas, una de la española Ence y otra de la finlandesa Botnia, en las afueras de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, frontera natural entre ambos países, frente a Gualeguaychú.
La nota oficial se difundió luego de que el gobierno uruguayo rechazara hoy una protesta formal enviada por Argentina bajo el supuesto de que en el texto «no se individualizan concretamente las normas jurídicas presuntamente vulneradas, lo cual deja el acto de protesta carente de fundamento y valor jurídico».
«Argentina mantiene una controversia con Uruguay en torno a la construcción de estas plantas, cuyas actividades podrían ocasionar un daño ambiental al ecosistema asociado a dicho recurso fluvial compartido, con especial incidencia en las comunidades argentinas adyacentes al mismo», señaló el comunicado de la Cancillería argentina.
El gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner recordó que «objetó y protestó reiteradamente por esta construcción unilateral, solicitando la suspensión de la misma hasta tanto pueda determinarse, de manera objetiva y fehaciente, el impacto ambiental acumulado transfronterizo que tendrían las plantas».
«Ante la negativa del gobierno uruguayo a considerar esta solicitud, el Gobierno argentino le notificó formalmente que la construcción de las plantas vulnera obligaciones contraídas por Uruguay en virtud del derecho internacional general», señala la nota.
Entre las «normas vulneradas», citó la Declaración Argentino-Uruguaya sobre el recurso agua, de 1971, y el Estatuto del Río Uruguay, de 1975.
Asimismo, Argentina consideró que el grupo técnico integrado por representantes de ambos países para analizar el impacto de las plantas «no produjo hasta el presente la información básica sobre los proyectos, solicitada por la delegación argentina en la reunión inaugural del grupo, celebrada el 3 de agosto pasado».
Argentina reiteró su solicitud para que se suspendan las construcciones, que supondrán para Uruguay una inversión de más de 1.800 millones de dólares, la mayor de su historia.
El comunicado oficial fue dado a conocer luego de que el canciller argentino, Jorge Taiana, se reuniera en Buenos Aires con Busti, el vicegobernador, Pedro Guastavino, el intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, y representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú.
Por otra parte, el canciller Gargano expresó su contrariedad por el apoyo expresado por el intendente de Gualeguaychú al corte de la ruta nacional 136 frente al puente binacional San Martín. El Intendente de esa ciudad declaró asueto municipal para que los funcionarios pudieran concurrir a la movilización.
El viernes pasado, en vísperas de Navidad, los manifestantes cortaron el paso al puente, por donde circula la mayor parte del tránsito carretero de mercaderías y turistas entre ambos países.
Gargano expresó «sorpresa» ante la actitud tomada por el intendente de Gualeguaychú de acompañar la protesta. «Su actitud es la de una persona convencida de la maldad de estas instalaciones, que tiene que ponerse a la cabeza de un acto de naturaleza política como representante de su pueblo, pero es una medida muy seria, es una participación que pone al gobierno local en una tesitura muy especial», dijo.
«No estoy acusando, pero póngase en el lugar nuestro y haga usted una valoración de cómo vemos la cosa y le adjudicamos importancia», indicó.
El jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernandez, había ratificado
«el acompañamiento» de su gobierno al reclamo de los habitantes de Entre Ríos, pero cuestionó la metodología de corte de ruta utilizada para expresar la queja.