Las reacciones en los países de la región ante la aprobación de la nueva directiva de la Unión Europea (UE) para los inmigrantes ilegales no se hicieron esperar. La nueva disposición generó un contundente y unánime rechazo de los países del Mercosur, que criticaron en duros términos la medida votada por los europarlamentarios.
Por su parte, el gobierno francés, que acaba de estrenarse en la presidencia rotativa semestral de la UE, trata de ampliar su política de mano dura contra la inmigración y el asilo, a todos los miembros del bloque de 27 países.
Durante la pasada Cumbre de Mandatarios del Mercosur, los presidentes del bloque se expresaron nuevamente contra la Directiva de Retorno sancionada por la Unión Europea, cuyo repudio por unanimidad fue aprobado en la cumbre presidencial.
Inicialmente, el documento expresaba la «honda preocupación» por la resolución europea, pero su texto fue endurecido hacia el repudio directo a la norma.
Antes de asumir la presidencia de la UE el pasado 2 de julio, el presidente francés Nicolas Sarkozy promovió un «Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo», a fin de armonizar las políticas en la materia de los miembros del bloque.
Sarkozy urge a la UE a adoptar una «inmigración selectiva» y una expulsión masiva de residentes extranjeros indocumentados. El mandatario francés se propone expulsar de Francia a 25.000 inmigrantes indocumentados por año. Las organizaciones de derechos humanos advierten que el objetivo pone mucha presión sobre la policía y es motivo de excesos.
La decisión del Parlamento Europeo de aprobar la ley de retorno que afectará a millones de inmigrantes ilegales recibió una enérgica condena de parte de múltiples sectores sociales. Creen que es «violatoria de los derechos humanos». La Iglesia, los partidos de izquierda y verdes europeos, varios países de América latina y numerosas organizaciones sociales manifestaron su fuerte discrepancia con la nueva normativa. El texto, resultado de un compromiso adoptado entre los 27 miembros de la Unión Europea (UE), fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, en momentos en que se extiende el sentimiento antiinmigratorio en el bloque. Italia endureció su postura frente a los ilegales y Francia vivió en el pasado tensiones en los suburbios poblados por inmigrantes. A ello se suma la desaceleración económica, que trajo como consecuencia que varios de los países europeos experimenten cada vez más presión para endurecer sus políticas hacia la inmigración irregular.
Una de las medidas más polémicas refiere al hecho de que los inmigrantes podrán permanecer detenidos por un período de hasta 18 meses mientras su expulsión esté en trámite. Luego, no tendrán derecho a regresar a la Unión Europea (UE) durante un período de cinco años. Actualmente, la duración de detención de los indocumentados varía en cada país. Pero ahora, el nuevo tope se basará en un primer período de seis meses, que podrá ser ampliado a 18 meses bajo ciertas circunstancias, como, por ejemplo, la falta de cooperación del inmigrante ilegal o de su país de origen. La nueva ley también autoriza a expulsar a menores de edad no acompañados por sus padres. Se trata del punto más controvertido del texto, calificado de «directiva de la vergüenza» por sus opositores
La nueva directiva garantiza «el acceso a la educación» de los niños y solicita a los Estados miembros de la UE tener en cuenta «el interés superior» de los menores, pero no vacila en autorizar su expulsión hacia países donde no tengan tutores ni familia, a condición de que haya «estructuras adecuadas» para recibirlos. Esa disposición, sin embargo, no podrá ser aplicada en Francia, «donde la ley prohíbe la expulsión de menores no acompañados», recordó el ministro del Interior, Brice Hortefeux. La directiva (ley) prevé que las personas detenidas en situación irregular tengan 30 días para partir en forma voluntaria. Sólo en caso de negativa, podrán ser colocadas en detención administrativa. Los miembros de la UE deberán garantizar los derechos elementales de esos indocumentados durante el proceso, con el acceso a una ayuda judicial gratuita. Además, están obligados a hacer validar la detención administrativa por un juez «lo antes posible».
La directiva es una etapa más en la elaboración de una política común de inmigración de la UE, que debe entrar en vigor hacia 2010. Su aplicación debería afectar a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que viven en los 27 países del bloque. «Un período de detención excesivo de más de un año y medio y la prohibición de reingreso en la UE […] conllevan el riesgo de disminuir los estándares existentes en los estados miembros y establece un muy mal ejemplo para otras regionales del mundo», dijo Amnistía Internacional, en un comunicado. «Adoptando ese texto, el legislador europeo incita a pensar que los migrantes no son seres humanos como los otros», denunció Souhayr Belhassen, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La Iglesia Católica también manifestó objeciones. «En ningún caso debemos criminalizar a los migrantes», declaró monseñor Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificial para la Pastoral de los Migrantes.
Por su parte, Mercociudades ha manifestado su preocupación por el tema Migraciones, participó activamente del Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales «Migraciones: desde lo global a lo local», realizado en Montevideo a finales del 2006, instancia que permitió abordar ampliamente la temática, y contó con la voz de representantes locales de 50 ciudades iberoamericanas. En base a todas las intervenciones realizadas en dicho Foro se elaboró una publicación.
En esa oportunidad el Intendente de Montevideo como anfitrión del encuentro, Ricardo Ehrlich, explicitó que «la construcción de un mundo en el que hombres y mujeres puedan desarrollarse plenamente, ejerciendo sus derechos y realizando sueños y proyectos, independientemente de su lugar de nacimiento, sigue siendo hoy un enorme desafío para nuestras ciudades», reafirmando que sin duda es un camino obligatorio.
«La acción de las ciudades y los gobiernos locales, actores privilegiados por su estrecha relación con la ciudadanía y su vida cotidiana, por la posibilidad de trabajar desde una dimensión humana, contando con la participación activa de la ciudadanía, es una herramienta fundamental que nos permite, desde el territorio, avanzar en la construcción de culturas abiertas y valores solidarios orientados a un equilibrio mundial más justo».