La Asamblea General de la ONU aprobó, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas que protegerá a más de 370 millones de personas que integran más de cinco mil comunidades vulnerables en todo el mundo.
La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, a la preservación de sus conocimientos tradicionales y a la autodeterminación. El 13 de setiembre de 2007, día de la aprobación de este texto, ha sido calificado por numerosos grupos y organizaciones indígenas como «un día histórico».
El texto, ratificado por 143 votos a favor, 4 en contra y con 11 abstenciones, constituye un hito histórico para el movimiento indígena, que durante años vio cómo sus intentos de lograr que se respetaran sus derechos se deshacían en los pasillos del organismo internacional.
Además de las demandas tradicionales de los pueblos indígenas, el documento también hace referencia a “la importancia de la educación bilingüe”, y a la necesidad de “tomar medidas que contribuyan al bienestar de mujeres, niños y ancianos”. Asimismo señala que los pueblos indígenas tienen “derecho al reconocimiento, el cumplimiento y la aplicación de los tratados pactados con los Estados”, tanto en el pasado como el futuro.
Uno de los puntos más relevantes de la Declaración hace referencia al apego de los indígenas a la tierra, ya que este concepto está mencionado en varios de los artículos que aparecen en la Declaración, resaltando su derecho a “poseerlas, utilizarlas y desarrollarlas”. Así, el documento dispone que “los Estados aseguren el reconocimiento y la protección jurídica de estas tierras, territorios y recursos”, y que no se pueda proceder a ningún traslado sin “el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”.
Pese a que la Declaración no es jurídicamente vinculante, es un instrumento legal internacional, que ayudará a la protección de los indígenas frente a “a la discriminación y la marginación”, según manifestó la ONU en un comunicado hecho público tras la aprobación del texto. Durante la presentación del documento ante la Asamblea General, el embajador adjunto de Perú ante la ONU, Luis Enrique Chávez, señaló que era “una gran oportunidad”, y afirmó que existía la “responsabilidad de colmar un vacío en la protección de los derechos humanos”.
El Secretario General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, en un comunicado, calificó como “histórica” la Declaración porque “ayudará a proteger a los millones de indígenas que viven en todo el mundo”, de los cuales 50 millones residen en América Latina y el Caribe. Para Iglesias, el texto, apoyado por toda Iberoamérica, responde a “un esfuerzo que ha durado muchos años para que los pueblos indígenas sientan este reconocimiento”.