El pasado 15 de enero la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) lanzó en Chile su informe Panorama Social 2018, que incluye revisiones a la metodología para estimar la pobreza monetaria en la región, así como nuevas mediciones sobre desigualdad funcional, gasto social y doble inclusión laboral y social. El informe fue presentado en conferencia de prensa, por la secretaria ejecutiva del organismo regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.

De acuerdo al informe, la situación de personas en extrema pobreza continuó creciendo en los últimos años, siguiendo la tendencia observada desde 2015. En 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones, de los cuales 62 millones se encontraban en la extrema pobreza, el porcentaje más alto desde 2008.

Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a dos millones menos que en 2017, mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, un millón más que en 2017.

“Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, frente a los desafíos que se enfrentan, llamó a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.

Entre los países con mayores reducciones de la pobreza en el período 2012-2017, se observa que en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos. “Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social”, dice la CEPAL.

El informe también destaca que la desigualdad de ingresos se ha reducido apreciablemente en la región desde principios de la década de 2000. Los sistemas de protección social han tenido un rol importante en los años recientes para contener deterioros distributivos, según el organismo.
En cuanto al gasto público, el principal componente es el gasto social de los gobiernos centrales. El gasto público social del gobierno central de 17 países de América Latina alcanzó como promedio simple un 11,2% del PIB en 2016, el nivel más alto registrado desde 2000. Sin embargo, existe una alta heterogeneidad entre países y persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales para alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en países que tienen niveles más elevados de pobreza y otras carencias en términos de desarrollo social.
Para avanzar hacia crecientes niveles de participación en los beneficios del desarrollo y en el ejercicio de los derechos, es necesario progresar simultáneamente en inclusión social e inclusión laboral de la población mediante políticas activas, recalca la CEPAL.

En promedio, alrededor del 40% de la población ocupada de América Latina recibe ingresos laborales inferiores al salario mínimo establecido por su país, en su mayoría mujeres y jóvenes.
En 2017, la participación de las mujeres en el mercado laboral siguió siendo menor que la de los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente. Más de la mitad de las mujeres ocupadas, se emplean en sectores de baja productividad y la mayoría no ingresa en un sistema de pensiones.

En América Latina el 77% del trabajo no remunerado es realizado por las mujeres. “Sin políticas públicas adecuadas que aborden materias claves como la formación y el empleo de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que contribuyan a evitar la precarización de los empleos y que promuevan la corresponsabilidad en los sistemas de cuidado, las mujeres no solo podrían perderse los beneficios de los empleos del futuro, sino que, además, corren el riesgo de que se perpetúen las brechas existentes y las carencias de trabajo decente que las afectan en la actualidad”, concluye el documento.

Fuente: CEPAL