El gobierno de Ecuador vivió ayer su primer día de estado de emergencia en las provincias del norte y del sur del país, en paro dirigido por sectores indígenas desde hace ocho días. La medida afecta a las provincias donde opositores al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos mantienen la paralización de actividades.
La medida, según explicó el ministro de Gobierno, Felipe Vega, aspira a garantizar el libre tránsito de personas y productos y permitir el retorno al trabajo de los ecuatorianos que así lo desean.
La movilización de mayor número de militares y policías a las carreteras bloqueadas desde el inicio de la medida de fuerza y de maquinaria pesada que permita el retiro de obstáculos ya fue dispuesta, según Vega, posesionado del cargo este lunes.
A pesar de la declaratoria de emergencia, que no rige en Quito, el ministro dijo que el régimen actuará con cautela y que hace un nuevo llamado a deponer actitudes.
El estado de emergencia afecta a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Cañar y a las poblaciones de Tabacundo y Cayambe, según dijo Vega.
El funcionario hizo el anuncio de la medida al término de una prolongada reunión del presidente Alfredo Palacio con su gabinete ampliado, en el que se analizó la situación del país, pero Gilberto Talahua, coordinador del Movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), llamó «cobarde» al gobierno y aseguró que «los indígenas no vamos a retroceder».
A su vez, Luis Macas, presidente de la CONAIE, llamó a la radicalización de las protestas y advirtió: «O termina el TLC (el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que Ecuador negocia en su última ronda el 23 de marzo) o no hablamos con nadie». Asimismo, anunció que 2 mil indígenas se movilizarán desde hoy miércoles en Quito, a pesar de las medidas policiales para impedir el ingreso a esta capital de grupos indígenas.
El decreto de emergencia limita los derechos ciudadanos como los de reunión, expresión y movilización.
La medida de fuerza de los indígenas se inició el lunes pasado y exige el retiro del equipo negociador ecuatoriano del TLC con Estados Unidos y la salida de la petrolera estadounidense Occidental, el mayor inversionista extranjero en Ecuador.
A esos pedidos se sumó ayer el de una urgente convocatoria a consulta popular para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la conveniencia de la firma o no del TLC.
El estado de emergencia establece la restricción de los derechos ciudadanos y concede la autoridad de las zonas en emergencia a los militares.
Acerca de un posible malestar de las fuerzas armadas con el gobierno, señalada por la revista colombiana Semana, Vega dijo que «es una interpretación absolutamente ofensiva para nuestras fuerzas armadas y no da cuenta de la realidad, no hay malestar, el gobierno está tranquilo».
El de Vega es el único pronunciamiento oficial que se ha dado frente al artículo de la revista Semana, , que afirma que «un grupo de militares estaría planificando la salida (del poder) del mandatario», debido a la debilidad del régimen frente a los paros que acosan a Ecuador desde el inicio de su mandato, que cumplió este lunes 11 meses.
Mientras tanto, ayer la policía de Ecuador destacó a unos 50 uniformados para formar una barrera a la salida de la población de Machachi, a 20 kilómetros de Quito, para impedir el paso de camiones y vehículos de transporte público cargados de personas para evitar la llegada de grupos indígenas que «tomen Quito».
Sin embargo, el lunes ya logró pasar un grupo de 150 indígenas amazónicos que se dividió en pequeños grupos y está apostado en la Universidad Salesiana de Quito, en el norte de la capital ecuatoriana.