Líderes indígenas bolivianos debatieron el pasado miércoles 18 de febrero en la ciudad de Oruro, propuestas para implementar la justicia comunitaria establecida en la nueva Constitución Política del Estado.
De acuerdo con el capítulo cuarto de la Carta Magna, promulgada el pasado 7 de febrero por el presidente Evo Morales, las naciones y pueblos originarios tienen derecho de aplicar sus funciones jurisdiccionales a partir de sus propios principios, valores y normas.
Al finalizar la reunión propusieron al gobierno un anteproyecto de ley que permita materializar la tradición indígena de resolver internamente los conflictos, explicaron los organizadores del foro iniciado la víspera en el hotel Sucre.
Los intercambios transcurrieron en mesas de trabajo.
El lunes, por ejemplo, participaron en la inauguración del encuentro orureño el secretario de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, Isaac Ávalos, y funcionarios del Ministerio de Justicia, entre ellos la titular, Celima Torrico.
Para el dirigente social, los problemas en Bolivia están en la justicia ordinaria y no en la indígena.
Nuestro país necesita normas para acabar con el racismo y la discriminación, señaló Ávalos. Similar criterio expresa con frecuencia el jefe de Estado, quien considera que el Poder Judicial es corrupto y actúa en función de intereses políticos y económicos.
Mientras, la oposición critica la justicia comunitaria al vincularla con linchamientos ocurridos en los últimos años, cuestión desmentida por Morales.
La tradición indígena sólo busca solucionar sus problemas, y es ajena a la violencia, asegura el máximo líder del Movimiento al Socialismo, según informó la Agencia Prensa Latina.