Al cierre de esta Cumbre, que reunió a organizaciones sociales de todo el Mercosur en la capital uruguaya, los días 30 de junio y 1º de julio, la declaración final alerta sobre la situación que enfrenta América Latina, en dónde “han surgido distintas estrategias, no solamente políticas, sino una combinación de elementos de presión vinculados a grupos de poder históricos, con claras posturas antidemocráticas y debilitantes de la institucionalidad.”

Declaración de la XX Cumbre Social del Mercosur (1º de julio de 2016, Montevideo, Uruguay):

“Las organizaciones sociales y sindicales reunidas en la XX Cumbre Social del MERCOSUR en la ciudad de Montevideo, el 30 de junio y 1° de julio de 2016, atentas ante las dinámicas desarrolladas en nuestra región y el mundo, caracterizadas por la incertidumbre y el retroceso en el efectivo ejercicio de derechos manifestamos que:

Reivindicamos el sentido de la integración, entendida como una herramienta para el desarrollo integral de nuestros pueblos, para lo cual será imprescindible el cumplimiento efectivo de los acuerdos de complementación productiva, los compromisos asumidos en el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR, la concreción del Plan de Acción para la Conformación del Estatuto de Ciudadanía y la internalización de la Declaración Socio Laboral del MERCOUSR para que la misma sea un marco real de definición y protección de derechos.

En estos tiempos donde el imperialismo afina su estrategia de ataque contra los pueblos, en medio de una profunda crisis del modelo capitalista rentista, improductivo, extractivista y multi importador, generando condiciones para atentar contra la estabilidad política, la independencia y la soberanía.

De allí que la coyuntura política, social y económica de los países latinoamericanos determina el carácter de los derechos sociales y políticos (transversalizados por los DDHH), necesita identificar el verdadero sujeto social de cambios que permite impulsar las transformaciones, que no es otro que la clase trabajadora en su más amplio concepto.

En el marco de la lucha de clases internacional contra el imperialismo, se observa un avance criminal, sostenido, multifacético e integral de agresión de la derecha fascista contra los pueblos y sus procesos de cambio, se requiere fortalecer la conciencia patriótica y la movilización obrero-popular del pueblo en general, para responder en el terreno que se presente en la lucha de clases.

Pues han surgido distintas estrategias, no solamente políticas, sino una combinación de elementos de presión vinculados a grupos de poder históricos, con claras posturas antidemocráticas y debilitantes de la institucionalidad. Hoy ya no solo requieren de fuerzas militares para imponer su modelo, sino que adquieren nuevos instrumentos como los grupos de empresas mediáticas y sectores del poder judicial, que persiguen a los líderes y lideresas más destacados de nuestras latitudes, que han trabajado en la última década por la redistribución de la renta, mejorar los niveles de igualdad y sobre todo, sacar a una gran parte de la población de los niveles de pauperismo más degradantes elevando su dignidad, su capacidad de consumo y calidad de vida.

Brasil sufre un ataque a la democracia sin precedentes desde el golpe de 1964. En esa oportunidad, el golpe no fue hecho con tanques y fusiles. La ruptura democrática de 2016 es un golpe mediático-judicial-parlamentario. Una conspiración que tiene el dedo del imperialismo reúne, en Brasil, los derrotados en las cuatro últimas elecciones, grandes fracciones del empresariado nacional, del capital financiero, de las familias que mandan en los medios de comunicación, y del aparato del Ministerio Público-Judicial-Policial.

El impeachment sin crimen de responsabilidad es golpe, no está previsto en la Constitución. Ahora, durante el juicio en el Senado, va quedando aún más nítida la maniobra golpista, porque todos los dictámenes técnicos oficiales encomendados por el Senado apuntan que la presidenta de la República no cometió crimen incumpliendo leyes presupuestarias que, en tesis, justificarían su separación.

No se trata apenas de un golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. No se trata apenas de derribar una presidenta electa democráticamente con más de 54 millones de votos y sustituirla por el vice Michel Temer (uno de los articuladores del golpe).

En realidad se trata de una tentativa de destruir las principales conquistas que la población más pobre de Brasil tuvo en los últimos 13 años durante los gobiernos Lula y Dilma. Sobre todo, se trata de aplicar un programa ultra-liberal de privatizaciones, desnacionalizaciones y retirada de derechos sociales. Además de un ataque a los derechos humanos y a las libertades democráticas.

Los movimientos sociales de los Estados Partes del MERCOSUR y Bolivia, los sectores democráticos y progresistas, los sectores patriotas, nacionalistas, estamos en la lucha y nos sumamos a todos los luchadores del continente contra la ola conservadora, neoliberal y fascista, y reivindicamos que los gobiernos de la región no reconozcan el gobierno interino golpista de Michel Temer en Brasil.

En caso que prospere el golpe en Brasil, con la separación definitiva de la presidenta Dilma Rousseff, solicitamos que los gobiernos de América Latina y el Caribe denuncien esta ruptura democrática en los organismos internacionales correspondientes y la inmediata aplicación del Protocolo de Ushuaia del MERCOSUR.

La propia existencia del MERCOSUR y de los espacios sociales, como esta Cumbre pasa por la manutención de la democracia en nuestros países y en todo el continente.

En defensa de la democracia y la autodeterminación de los pueblos, rechazamos contundentemente y exigimos la derogación del decreto Obama, que señala a la República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los movimientos sociales del Mercosur exigimos respeto al pueblo venezolano y su gobierno legítimo, democrático y constitucional encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros.

Demandamos el cese del bloqueo económico y financiero contra el pueblo venezolano, expresado en una guerra económica impuesta por los sectores económicos dominantes y el imperialismo norteamericano.

Repudiamos todos los intentos de algunos gobiernos de los países de quebrar la institucionalidad del MERCOSUR, oponiéndose al traspaso de la presidencia pro témpore a Venezuela.

Denunciamos la acción del Estado paraguayo y agentes privados que desarrollan una estrategia sistemática de criminalización de la lucha campesina. De la misma forma las situaciones de explotación y precarización laboral que desconocen los derechos básicos de trabajadores generando mayores niveles de exclusión.

En el caso de la masacre de Curuguaty repudiamos la manera improcedente en que las víctimas fueron judicializadas y el atropello a sus derechos humanos, exigiendo la inmediata absolución de los compañeros y una profunda y objetiva investigación que procese y condene a los verdaderos responsables.

Manifestamos nuestro apoyo a Bolivia en su reclamo por el derecho a tener una salida soberana al mar.

Sostenemos que las aguas de los lagos, ríos, mares y océanos, leche de Nuestra Madre Tierra, pertenecen a los Pueblos. El manantial Silala, el río Lauca le pertenecen al Pueblo boliviano, no a las empresas privadas y transnacionales.

Los Pueblos somos hermanos, compartimos nuestro territorio del Abya Yala y no se debe restringir el libre tránsito por intereses económicos de empresas privadas y transnacionales.

Ratificamos nuestro apoyo a la república Argentina en su legítimo reclamo a la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Los movimientos sociales reunidos en esta Cumbre valoramos el aporte y la presencia sostenida en las cumbres sociales del MERCOSUR por parte de los representantes de los movimientos sociales y pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, Estado en proceso de adhesión. Solicitamos a las instancias de decisión del MERCOSUR, que tomen todas las medidas necesarias para que las mismas sigan participando en todos estos ámbitos en las mismas condiciones que las delegaciones de los Estados miembros plenos.

De la misma forma instamos a los gobiernos de los Estados a realizar todos los esfuerzos para garantizar la efectiva participación en estos espacios de los pueblos originarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela.

El territorio del MERCOSUR y de América Latina es territorio de paz. Por eso saludamos el acuerdo alcanzado entre el gobierno colombiano y la insurgencia para dar una solución pacífica y negociada que ponga fin a la violencia y nos comprometemos a mantenernos atentos al efectivo cumplimiento de los acuerdos para lograr el fin de la guerra civil.

Manifestamos nuestro repudio a la corrupción, corruptos y corruptores, públicos y privados, que se adueña de porciones importantes de los poderes de gobierno, del ejecutivo, legislativo y judicial de nuestros países, desgastando y deteriorando los principios centrales de las democracias.

Consideramos que es necesario avanzar en la definición normativa del bloque para asegurar que los procesos de participación ciudadana tengan un mayor grado de incidencia y vinculación de sus propuestas e iniciativas hacia el MERCOSUR, abogando por el fortalecimiento de la Unidad de Apoyo para la Participación Social (UPS) en el cumplimiento de sus cometidos.

En pos de una mayor transparencia promovemos la utilización de los avances tecnológicos para obtener la información en tiempo real, un mejor y más participativo uso de las páginas oficiales, utilizar mecanismos de consulta apoyados en la utilización de redes sociales, entre otras herramientas de las comunicaciones en el siglo XXI.

Proponemos la conformación de un frente amplio de solidaridad entre los pueblos y defensa de la democracia, que promueva acciones conjuntas de rechazo a los atropellos que se desarrollan hoy en la región, que afectan gravemente los intereses de los pueblos y la autodeterminación de los mismos.

El proyecto de MERCOSUR, soberano para defender sus recursos, autónomo para definir las estrategias que avancen en la construcción de un espacio de desarrollo integral, equitativo, democrático y plural, está en riesgo. Instamos a los gobiernos de los Estados Partes a desarrollar la agenda externa del MERCOSUR, teniendo como eje articulador el desarrollo integral de nuestra región en los aspectos sociales, comerciales y económicos, rechazando toda falsa oposición entre integración regional así entendida y procesos comerciales unidimensionales basados en el libre comercio, que no constituyen una alternativa, sino la afirmación de los intereses de las corporaciones transnacionales y del papel subordinado de nuestra región como productor de materias primas.

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia y la plena vigencia de sus instituciones, como condición esencial para el desarrollo del proceso de integración regional. Los principios democráticos deben manifestarse también fuertemente en la institucionalidad del bloque, en todas sus instancias y en particular en el Parlamento del MERCOSUR, como órgano de representación de los pueblos que lo integran. En ese sentido exhortamos a los parlamentos nacionales de Brasil, Uruguay y Venezuela y a los gobiernos de los Estados a tomar las medidas necesarias para que en las próximas instancias electorales se dé la elección directa de los parlamentarios y parlamentarias del MERCOSUR, así como la implementación de los mecanismos preferencial para la internalización de normas definidos en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR.

Somos conscientes y hemos denunciado desde su nacimiento, hace un cuarto de siglo que el MERCOSUR, pensado como un proceso de integración tiene demasiadas asignaturas pendientes para reducir las verdaderas asimetrías, para generar un mercado integrado y complementario y construir un espacio geopolítico basado en la cooperación y el desarrollo con justicia social.

Sin embargo, hoy vemos como en base a estas deficiencias se busca destruir este proyecto de integración para suplantarlo con un modelo de libre comercio, extractivista y dependiente que solo traerá más miseria y desigualdad a nuestros pueblos. Tal como lo afirmamos el primer día, el déficit de democracia, de redistribución y de desarrollo que hoy muestra el MERCOSUR, solo se soluciona con MÁS MERCOSUR. Lucharemos por nuestro proyecto de integración y no aceptaremos proyectos de exclusión política, social y económica.

Consideramos que el funcionamiento de las instituciones del MERCOSUR constituye un elemento central para avanzar en la configuración de un proceso de integración regional que tenga como base el respeto a las normativas acordadas y a la cooperación entre los Estados.

Entendemos que ha sido muy débil el compromiso manifestado por la acción de los gobiernos hacia esa institucionalidad, en especial hacia los mecanismos de resolución de controversias y al Parlamento del MERCOSUR. No obstante es necesario un rediseño institucional, que el bloque tiene en agenda desde hace tiempo, creemos que la responsabilidad de los Estados con el funcionamiento institucional debe ser asumida

Saludamos la próxima presidencia pro tempore de Venezuela, con la expectativa que la misma signifique la oportunidad de seguir avanzando en los caminos de la consolidación del bloque y esperamos que la aproxima Cumbre Social nos permita darle continuidad a esta articulación de los pueblos y potenciar el Mercosur social, como un mecanismo de integración humanista, con total reconocimiento y respeto a la autodeterminación y soberanía de los pueblos, de sus legítimos gobiernos, de las características propias de cada movimiento social y popular.

Finalmente, a diez años del Encuentro Productivo y Social y de la primera Cumbre Social del MERCOSUR, valoramos los aportes y logros obtenidos, destacando nuestra visión de continuar impulsando una integración económica, social y política, con participación y aporte colectivo como elemento dinamizador que fortalece el avance hacia el desarrollo inclusivo y democrático de nuestros pueblos.”

Fotografía: Mercosur