Este miércoles 26 de julio, la provincia argentina de Mendoza conoció una sentencia a responsables civiles de la última dictadura militar, en el denominado “juicio a los jueces”. El Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF) sentenció a prisión perpetua a los ex jueces Romano, Miret, Carrizo y Recabarren, por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Además, se conoció la condena contra ex militares, penitenciarios y policías.

La investigación estableció que los ex magistrados Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Max Petra Recabarren y Evaristo Carrizo, fueron partícipes primarios en casos de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones que se cometieron, utilizando el aparato del Estado durante la última dictadura en Argentina.

Se trata del cuarto juicio que lleva más de tres años y 200 jornadas de debate. Los ex jueces estaban bajo la mira judicial no sólo por omitir o no investigar denuncias, sino por garantizar la impunidad. Tanto Romano como Miret habían sido destituidos, siendo los principales referentes de los tribunales federales de la provincia de Mendoza. En total fueron 28 los imputados en la causa, procesados por detenciones, secuestros, torturas, homicidios, desapariciones forzadas, abusos sexuales y apropiación de una niña, lo que afectó a más de 200 personas.

El juicio también dictaminó sentencia a prisión perpetua a los militares y ex agentes de la Fuerza Aérea Alcides Paris Francisca, Alberto Rodríguez, Armando Fernández Miranda, Pablo Gutiérrez, Miguel Ángel Tello, Paulino Enrique Furió, Carlos Horacio Tragan y José Antonio Fuertes. El resto de los acusados recibió entre 20 y tres años de prisión. Quedaron absueltos Juan Carlos Ponce Ochoa, Rubén Darío Camargo y Miguel Ángel Ponce Carrera.

Entre quienes hicieron uso de sus «últimas palabras» estuvo el ex titular de Inteligencia del Ejército, Paulino Enrique Furió, quien expresó: «No estoy arrepentido; volvería a hacerlo».

Tras la sentencia, esperaban un centenar de personas, en su mayoría militantes de organizaciones de derechos humanos.

Al inicio de la lectura de la sentencia se aclaró que se rechazaron los «incidentes y planteos de prescripción y nulidad interpuestos por los defensores». Asimismo, se explicó que los hechos resultan «constitutivos de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles». En este sentido durante el informe de las condenas se indicó que la mayoría de los casos se dieron en el contexto de delito internacional de genocidio.

Las declaraciones de las víctimas sobrevivientes de aquellos años sirvieron para ordenar el rompecabezas de acusaciones contra los imputados. Uno de los testimonios clave fue el de Rosa Gómez de 67 años, quien pasó casi un año en el centro de detención D2 en medio de torturas y violaciones, al tiempo que observó como atacaban a sus compañeros y compañeras. Hay otras víctimas reconocidas que fueron fundamentales para avanzar en la megacausa, ya que lograron que se considerara la violación como delito de lesa humanidad, logrando la imprescriptibilidad, como en el caso de las torturas. Se trata de Silvia Ontivero y Luz Faingold, actual directora de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza.

Ante el dictamen Luz Faingold manifestó: “Esto ha sido realmente muy fuerte y conmocionante, sobre todo que el tribunal al final de la sentencia haya mencionado el nombre de cada una de las víctimas, porque entre ellos hay amigos y gente muy querida. Estoy por un lado muy satisfecha con la sentencia y a la vez con una tristeza muy grande al acordarme de todo lo que pasamos.”

Fuentes: Gobierno de Mendoza, Infonews

28 de Julio de 2017