En América Latina, la mayoría de gobiernos progresistas ya consolidados les plantean una paradoja a los movimientos que integran el Foro Social Mundial (FSM) y es que resulta difícil enfrentar a presidentes y funcionarios con los que se compartieron luchas en el llano.

Entre los actuales gobiernos hay incluso antiguos protagonistas centrales del FSM como es el caso de los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, o del boliviano Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, y sus aliados de las organizaciones indígenas.

«La experiencia está demostrando que oponerse a gobiernos de centroizquierda en la región resulta muy dificultoso», comentó el sociólogo y doctor en ciencias políticas argentino Atilio Borón, que integra el Consejo Internacional del FSM. «Es más complejo enfrentar a gobiernos amigos que a los enemigos», advirtió.

Nacido en 2001 en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre como espacio de crítica a la globalización neoliberal y al militarismo, el FSM cobró rápido vigor en la región entonces frente a una mayoría de gobiernos conservadores. Pero esa vitalidad parece retroceder desde que llegaron las administraciones de izquierda, centroizquierda o progresistas.

En vísperas de una nueva acción global del FSM, que este año reemplazó el encuentro internacional anual por movilizaciones locales a realizarse el próximo sábado 26 de enero, Borón y otros observadores señalaron las ventajas de contar con gobiernos más sensibles a los reclamos del Foro, pero mucho más destacaron los retos que afrontan los movimientos sociales

Para Miguel Santibáñez, presidente de la Asociación Chilena de Organizaciones no Gubernamentales, integrada por unas 70 entidades, la mayor cercanía entre los gobiernos de la región y los movimientos sociales «trajo beneficios, pero también riesgos».

Santibáñez observa que las nuevas administraciones muestran una mayor voluntad de generar espacios de interlocución con la sociedad civil y eso permite desarrollar «algún grado de participación, diálogo e incidencia» de los movimientos.

También destacó la mayor vocación por las reformas sociales y mencionó el caso de la presidenta de su país, la socialista Michelle Bachelet, quien se abocó a mejorar el sistema de protección social a través de cambios en el sistema previsional y en la legislación laboral. No obstante, alertó sobre el peligro de que las demandas sociales «pierdan fuerza» si es que la agenda de los movimientos «es capturada» por los gobiernos, y puso como ejemplo de ello a las organizaciones sociales venezolanas, fuertemente identificadas con el gobierno de Hugo Chávez.

Borón sostuvo que los movimientos sociales están sumidos en la perplejidad de tener que hacer frente a quienes compartieron sus luchas durante muchos años, y ese fenómeno es una de las causas de la menor vitalidad del foro este año. Tampoco es optimista respecto de la edición prevista para 2009 en Belem, Brasil. Para el experto argentino, el caso más emblemático del conflicto entre gobiernos y organizaciones sociales es el de Brasil, donde el PT y la Central Única de Trabajadores, que sumaban una de las mayores fuerzas de oposición izquierdista en América Latina en los años 90, perdieron peso político desde que Lula llegó a la presidencia en 2003.

Pero también señaló otros casos como el de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), una de las dos centrales sindicales del país, que esperó cuatro años de gestión del gobierno centroizquierdista de Néstor Kirchner (2003-2007) para obtener una prometida personería gremial que le permita gozar de mayor peso en el mundo de los asalariados organizados.

La CTA, de tendencia ideológica afín al sector kirchnerista, no logró ese reconocimiento, y anunció que seguirá solicitándolo ante la nueva mandataria, Cristina Fernández, esposa del anterior gobernante.

Otro caso que «va en la misma dirección que la CUT de Brasil», dijo Borón, es el del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores), la central única de Uruguay y afín a las huestes políticas de la coalición izquierdista Frente Amplio del presidente Tabaré Vázquez.

Las mismas brechas, aunque con matices, podrían producirse en Bolivia, donde gobierna el líder campesino Morales, en Ecuador, con la presidencia del izquierdista Rafael Correa, o en Nicaragua, tras la vuelta del ex guerrillero sandinista Daniel Ortega, si es que esas administraciones se alejan de sus compromisos de campaña y programas de consenso social.

«No hay que bajar las banderas con los gobiernos amigos», recomendó Borón. Los movimientos sociales no sólo pueden mantener una agenda independiente de gobiernos centroizquierdistas, sino que «deben» hacerlo, subrayó. «No es fácil, pero de lo contrario estarían traicionando la confianza de sus bases», advirtió.

El experto entiende que los partidos de izquierda o movimientos sindicales «no deben convertirse en correas de transmisión de los poderes de turno», a cambio de cargos en los gobiernos o financiamiento para actos y programas como ocurre en algunos casos, porque en caso de hacerlo perderán credibilidad.

En cambio, cuando las organizaciones «se niegan a ser apéndices de los gobiernos» independientemente de su color político, mantienen el apoyo de sus representados y su vigor político, destacó, y citó como ejemplo el caso de los brasileños Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento de los Sin Techo.

De todos modos, para Borón, la coyuntura política en la región no es el único factor que está haciendo perder relevancia al Foro Social Mundial. También hay debates internos sobre el destino del mismo que, a su juicio, se saldan de manera perjudicial para la visibilidad y la gravitación del movimiento.

«Desde hace tres o cuatro años se impuso la idea de que el Foro sea un espacio de expresión catártica de la diversidad social, y se busca evitar que resulte un punto donde se puedan coordinar las luchas a nivel mundial contra el gran capital, que se presenta sólido cada año en Davos», el Foro Económico Mundial que se realiza en esa localidad Suiza, finalizó el sociólogo.

Nota de Marcela Valente