La Compañía Agrícola Armonía se ha convertido en la mayor empresa solidaria de autogestión en Brasil. Actualmente ofrece empleo a 4.300 familias que explotan 26.000 hectáreas, teniendo como centro la producción azucarera en 48 plantas.
El área de cañaverales y una diversificada agricultura familiar se extiende a lo largo de cinco municipios ubicados en el estado de Pernambuco.
Cuando la empresa entró en crisis, en 1993, la reacción inicial fue la usual: defender las indemnizaciones y otros derechos de los 2.300 trabajadores despedidos. Dos años después, los sindicatos optaron por otra vía. El objetivo fue recuperar los empleos perdidos y mantener los restantes en una actividad vital para la economía de Catende, en el interior del nororiental estado de Pernambuco.
Pidieron la quiebra de los dueños de la empresa y asumieron su gestión, bajo control judicial, para recuperar la producción de azúcar y diversificar la actividad agrícola e industrial.
El área de cañaverales y una diversificada agricultura familiar se extiende a cinco municipios.
Producir azúcar en esa zona «cuesta un poco más que en São Paulo», estado del sur que concentra más de la mitad de la producción nacional, pero «nuestro modelo hace viable el proyecto», señaló Lenivaldo Lima, asesor técnico de Catende-Armonía.
El comentario de Lima hace referencia al modelo de economía solidaria, cooperativo y de autogestión, con buena parte de los trabajadores de la caña y centrales azucareras también dedicados al cultivo de mandioca, frutales, maíz y papas e incluso a la ganadería, «en un régimen familiar articulado con cooperativas».
La topografía local no permite la cosecha mecanizada como en São Paulo, pero asegura un mayor número de empleos, «cumpliendo el objetivo de inclusión social» y de mejor distribución del ingreso, que queda en los municipios y dinamiza la economía, destacó Lima.
Catende-Armonía representa un excelente ejemplo de empresas privadas quebradas y recuperadas por sus trabajadores, que ya suman unas 200 en Brasil, según Fabio Sanches, secretario adjunto de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo.
Este sector comprende unos 22.000 emprendimientos de economía solidaria (EES), que dan trabajo a casi dos millones de personas, según datos oficiales. Es poco en un país de más de 188 millones de habitantes, la mitad de ellos en edad activa, pero se trata de algo nuevo y en rápida expansión, dijo Sanches.
Los EES, núcleos de gestión colectiva en actividades productivas, de servicios o crédito popular, surgieron en Brasil en los años 80, ante «la crisis del trabajo asalariado, con gran aumento del desempleo y ocupaciones precarias», agregó.
La pequeña agricultura es la actividad fundamental. Pero la pesca, la artesanía, la explotación forestal, la minería, las pequeñas industrias, el reciclaje de desechos, el comercio y otros servicios, como las cooperativas de crédito, también tienen su espacio en el sector.
Fomentados por sindicatos y organizaciones no gubernamentales, los EES recibieron un fuerte impulso en 2003 con la creación de la Secretaría de Economía Solidaria y el Foro Brasileño de Economía Solidaria, en un proceso favorecido por el Foro Social Mundial, que tuvo sus primeros encuentros, entre 2001 y 2003, en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre.
La Secretaría busca ampliar el acceso de los EES al conocimiento, el mercado y los capitales. Se ocupa de la capacitación en gestión, tecnologías apropiadas y asistencia técnica, ferias y regulación del comercio justo, facilidades para adquisición de equipos y otros medios necesarios para desarrollar el trabajo.
La principal conquista ha sido la «institucionalización de una política pública para el sector», afirmó Sanches. La «utopía» de los activistas es que la economía solidaria tenga en el futuro una participación hegemónica en la vida económica y social, reconoció.
Uno de los principales objetivos es colocar «al ser humano como sujeto y finalidad de la actividad económica, en lugar de la acumulación privada de riqueza», según el Foro, creado por organizaciones no gubernamentales, universitarias, gestores públicos y movimientos sociales. «Es una alternativa al modo capitalista de organizar las relaciones sociales», destacó. Las iniciativas solidarias en Brasil empezaron «por la lucha contra el desempleo», observó Lima. Pero ellas «cambian la visión de mundo de los trabajadores que antes sólo querían un salario» y ahora valoran una mejor calidad de vida, con más seguridad y control de su destino, afirmó.
Pero se trata de un sector limitado, que debe ser encarado como una alternativa entre muchas, con una visión amplia de «inclusión productiva» en un país donde cerca de la mitad de la población «está excluida» del sistema, dijo el economista Ladislau Dowbor, profesor de la Universidad Católica de São Paulo, experto en planificación y gestión descentralizada.
Y esos excluidos «no son personas desinformadas» sino gente consciente de la situación, que «ejerce presiones», advirtió.
El gigantesco desafío de incluir en el proceso de desarrollo a casi cien millones de personas exige considerar subsistemas que se articulan, como el tercer sector (la sociedad civil organizada), las políticas de apoyo al desarrollo local, economías no monetarias y el voluntariado, apuntó Dowbor.
El economista señaló que se deben adoptar indicadores de la riqueza que no se limiten al cálculo del producto interno bruto (PIB), porque hay actividades de resultados «espectaculares» y poco valor monetario.
Es el caso de la Pastoral de la Niñez, que moviliza más de 300.000 asistentes en Brasil y redujo considerablemente la mortalidad infantil, con un costo de 78 centavos de dólar mensuales por niño, ejemplificó.
En los últimos años, más allá del aumento del PIB, afirmó Dowbor, la mejora en «la calidad del crecimiento económico brasileño» se debió a la presencia del microcrédito, al aumento del salario mínimo que favoreció a decenas de millones de trabajadores y jubilados, a los programas sociales masivos y a la expansión del empleo formal, que dinamizó las economías locales.
Nota de Mario Osava