El gobierno de Tabaré Vázquez comenzó los estudios en el Río Uuguay sin la participación de la Argentina, que rechazó la propuesta porque sostiene que las plantas de celulosa en Fray Bentos causarán daños ambientales irreversibles.
Las autoridades uruguayas están analizando la calidad de las aguas del río Uruguay por su cuenta, ante el rechazo de Argentina a hacer esa tarea conjuntamente en el marco de una comisión binacional, indicó el viernes pasado un comunicado oficial.
El análisis es realizado conjuntamente por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DINASA), la Dirección de Recursos Acuáticos (DINARA) y el Servicio de Oceanografía e Hidrografía la Armada (OSMA).
Según el comunicado, este trabajo se hacía, históricamente, junto a los organismos argentinos con competencia en el tema, en campañas coordinadas por la Comisión Administradora del Río Uruguay /CARU).
En esta oportunidad, sin embargo, las dos agencias del vecino país que debían participar en el trabajo declinaron, a último momento. El Gobierno uruguayo resolvió realizar el trabajo de cualquier manera, aunque por razones de competencia se hace sólo en aguas uruguayas.
Desde que se comenzaron a hacer estos controles, a mediados de la década de los 80, a través del programa Procon, la CARU verificaba el estado de las aguas, con cuatro campañas anuales.
Aproximadamente 30 puntos de muestreo se tenían en cuenta en este programa, atendiendo fundamentalmente la situación frente a los centros poblados y algunos otros puntos considerados más críticos.
El año pasado se incorporó el Programa de Monitoreo de las Plantas de Celulosa (Procel), centrado en la zona de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se están construyendo dos fábricas de procesamiento de pasta de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española Ence.
Argentina considera que las plantas causarán daños medioambientales y trata de impedir su construcción, lo que ha generado un conflicto que llevó a ese país a no desarrollar las tareas de monitoreo conjunto acordadas dentro de la CARU.
Hasta ahora ambos países defendían la necesidad de contar con toda la información del estado del río antes de la puesta en funcionamiento de ambas plantas.